Critican cambio a subsidio posnatal por no incluir a privados

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Congreso aprobó norma que elimina tope de 72 UF en pago de licencia a empleados públicos. Parlamentarios dicen que es discriminatoria.

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Como discriminatoria calificaron parlamentarios de oposición la norma aprobada el martes pasado en el Congreso y que elimina, sólo para los empleados públicos, el tope de 72 UF  al subsidio de posnatal parental, es decir, $ 1.845.294. Esto, permitirá que los trabajadores fiscales reciban su sueldo en forma íntegra durante los meses del permiso, con un costo anual de $ 5.900 millones para el Estado.

“Nos parece discriminatorio, ya que ese tope se debiera solucionar no sólo para las personas del sector público, sino que también para el sector privado. Una mujer que tiene guagua la tiene tanto en el sector público como en el privado y el posnatal es un subsidio que paga el Estado, por lo tanto se le paga a ambos sectores”, señaló la senadora Ena Von Baer (UDI), quien añadió que “si el Estado tiene los recursos para eliminar el tope en el sector público, quiere decir que tiene una cierta cantidad que puede invertir en mejorar las condiciones del posnatal”.

En esa misma línea, el senador José García Ruminot (RN) remarcó que “en el sector privado existe el mismo problema, por lo que considero que el objetivo debería ser la protección de la maternidad, y por lo tanto debe ampliarse también al sector privado”.

Para la senadora Carolina Goic (DC), quien apoyó la aprobación de la ley “las críticas no se condicen con el contenido que se aprobó. Estamos restableciendo un derecho adquirido de los funcionarios públicos”.

Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta explicó que la medida no es discriminatoria para quienes trabajan en el sector privado ya que “la discriminación debe ser arbitraria y en este caso no hay ninguna arbitrariedad, porque lo único que se está reponiendo es el derecho que tenían las funcionarias públicas para acceder a su remuneración íntegra”.

Además, la autoridad indicó que en el caso de los privados “no hay ninguna limitación legal para que sus empleadores puedan darle esta beneficio a sus trabajadoras”, y agregó que existe una diferencia en cuanto a la relación laboral ya que “el Estado no puede imponerle al sector privado una carga que no es parte de la relación laboral que establece directamente con sus trabajadores”.

La nueva iniciativa, que ingresó al Congreso Nacional en noviembre pasado, se encuentra en condiciones de ser promulgada.

Fuente: La Tercera

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